Cómo hacer verificable el cumplimiento ambiental de la minería en Ecuador
Ecuador ya exige cierre, rehabilitación, garantía y auditorías ambientales. Rimay propone hacer visible su cumplimiento por concesión y separar a quien responde, quien ejecuta la recuperación y quien verifica el resultado.
Minería que Rinde Cuentas. La empresa que causó el impacto conserva la responsabilidad y paga; un tercero independiente puede ejecutar la recuperación; otro actor independiente verifica; y la autoridad pública aprueba, sanciona y libera la garantía. Recuperar otro territorio nunca sustituye reparar el daño local.
Propuesta en debateVersión 0.2 · 10 de septiembre de 2026Nombre público provisional
Por qué esta propuesta no pide reformar la Constitución. El art. 316 ya permite delegar sectores estratégicos a privados "en los casos que establezca la ley", y la Ley de Minería de 2009 es esa ley — por eso la gran minería opera desde 2019 sin ninguna reforma a los arts. 313-317. El bloque constitucional que sí frena proyectos concretos hoy es otro: los derechos de la naturaleza y la consulta previa (arts. 71-74 y 398), con jurisprudencia vinculante desde el caso Los Cedros. Esta propuesta trata ese bloque como marco con el que diseñar, no como obstáculo a derogar.
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Problema que buscamos resolver
Una persona que quiere entender si la minería en su país se hace bien no puede saberlo hoy:
no puede verificar si una concesión específica tiene plan de cierre vigente ni si se cumplió;
no puede saber si el pago de regalías corresponde a la producción real;
no puede distinguir, en las noticias, entre resistencia comunitaria legítima y disputa de territorio entre bandas armadas;
no puede confirmar si la "responsabilidad social" de una empresa es una auditoría real o una memoria autopublicada;
no puede saber a quién reclamar cuando una mina abandonada sigue contaminando un río años después de cerrar.
El problema no es la ausencia de reglas. Es que la norma existe, la autoridad existe, y la aplicación real es débil o está estructuralmente comprometida — el mismo patrón que este proyecto ya documentó en hidrocarburos, administración pública y ahora, tres veces seguidas, en minería.
02
Situación vigente en Ecuador
Ecuador no parte de cero, y buena parte de lo que este pilar habría propuesto originalmente ya existe o ya está en marcha.
Los arts. 313-317 de la Constitución reservan al Estado los sectores estratégicos, incluidos los recursos naturales no renovables, pero el art. 316 ya permite delegación a privados "en los casos que establezca la ley" — y la Ley de Minería (2009) es esa ley. La gran minería legal opera desde 2019 sin haber requerido ninguna reforma a estos artículos. El bloque constitucional que sí frena proyectos concretos hoy es otro: derechos de la naturaleza y consulta previa (arts. 71-74 y 398), con jurisprudencia vinculante desde el caso Los Cedros (2021).
Marco legal y fiscal
La Constitución y el Código Orgánico del Ambiente mantienen en quien causó el daño la responsabilidad de repararlo. La Ley de Minería exige plan de cierre, rehabilitación del área afectada, verificación y garantías. El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM) de 2025 mantiene al titular responsable incluso por el trabajo de contratistas y exige monitoreo poscierre durante al menos cinco años. El Decreto Ejecutivo 273 (diciembre de 2025) diferencia regalías por escala y tipo de mineral, con el 60 % destinado a los gobiernos locales de la zona de influencia.
La asignación aleatoria ya tiene un antecedente nacional
La Resolución ARCOM-001/26 dispone la asignación automática, aleatoria, imparcial y equitativa de auditores técnicos mineros y establece incompatibilidades y reglas de conflicto de interés. Esto no demuestra por sí solo que la auditoría ambiental de cierre utilice el mismo procedimiento. La brecha concreta que Rimay debe investigar es si ambos controles están conectados y si sus resultados son públicos.
Escala de la minería legal
El sector arrancó en 2019 con Fruta del Norte (oro, Lundin Gold) y Mirador (cobre, Ecuacorriente). Hay proyectos de cobre en cartera por más de USD 10.000 millones combinados —Cascabel, San Carlos Panantza, Mirador— y exportaciones mineras que superaron los USD 3.000 millones en 2024.
Observación de análisis
La inversión extranjera directa específicamente minera, sin embargo, cayó en 2024 pese a este boom de precios y exportaciones. Eso es una señal de que el freno a la inversión, si existe, no es normativo-constitucional — no se investigó todavía qué lo explica (riesgo de seguridad, litigios ambientales, percepción de inestabilidad regulatoria).
Escala de la minería ilegal
El gobierno la declaró amenaza a la seguridad nacional. Tres grupos armados con nombre —Comandos de la Frontera, Los Lobos, Frente Oliver Sinisterra— controlan territorio minero en al menos cinco provincias, según el propio Viceministerio de Minas. Un antecedente más temprano de lo que parecía: en enero de 2024, tras un ataque armado a una estación de televisión en Guayaquil, el Estado ya había declarado conflicto armado interno y calificado a 22 grupos criminales —incluidos Los Lobos y Los Choneros— como organizaciones terroristas.
Existe una discrepancia sin resolver sobre la magnitud: un informe de la organización internacional GI-TOC reporta más de 600 puntos de minería ilegal para 2024, mientras que la agencia estatal ARCOM reportó 387 puntos en julio de 2025 — no se usa ninguna de las dos cifras como definitiva hasta reconciliarlas.
Conflicto de interés institucional confirmado
El 24 de julio de 2025, el gobierno fusionó el Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas. La misma institución que promueve la extracción minera otorga hoy las licencias ambientales y debería fiscalizar la restitución — una violación directa del principio de separar rectoría, prestación y auditoría que este proyecto ya sostiene en otros pilares. La Contraloría General del Estado, en una auditoría de 2021, ya había encontrado que ni siquiera antes de esa fusión el Estado sancionaba a las mineras que incumplían su obligación legal de reparar.
Un caso que ya funciona
En Salinas de Guaranda, provincia de Bolívar, la propiedad de las minas de sal —concentrada antes de 1970 en una sola familia— fue redistribuida por el Estado a una cooperativa comunitaria en 1971, seguida de diversificación hacia quesos y chocolate con cooperación técnica suiza. La extracción de sal sigue activa hoy, a escala artesanal, dentro de una economía cooperativa mucho más grande. Es la primera plantilla ecuatoriana real, con fechas y actores verificables, de formalización minera sin conflicto armado.
Verificado
Ver Fuentes para el detalle completo de cada afirmación, con fecha de consulta y estado de verificación por dato.
03
Objetivo
Convertir las obligaciones mineras existentes en resultados verificables por cualquier persona, separando responsable, ejecutor y verificador sin trasladar la responsabilidad de quien causó el impacto.
¿Puede cualquier persona verificar qué debía recuperar una concesión, quién pagó, quién ejecutó, quién auditó y qué ocurrió cuando el resultado no se mantuvo?
04
Mecanismos propuestos
Registro público de cumplimiento por concesión
Diseño provisional
Por cada concesión minera, publicado y buscable: línea base; plan y costo actualizado de cierre; garantía vigente; áreas intervenidas y rehabilitadas; obligaciones vencidas; auditor asignado y método de asignación; resultados de agua, suelo, estabilidad y recuperación biológica; sanción aplicada o razón documentada para no aplicarla.
Este es el mecanismo central de toda la propuesta — los demás son piezas de este sistema, no ideas sueltas.
Fórmula diferenciada por recurso
Diseño provisional
Gran minería (oro, cobre): régimen ya operativo. No necesita "abrirse" — necesita que el registro de cumplimiento haga pública la razón detrás de casos concretos y sin resolver: la consulta ambiental pendiente de un proyecto de cobre en Imbabura, la advertencia técnica sobre una presa de relaves sin verificación independiente, una concesión suspendida por conflictividad social.
Mediana y pequeña minería formal: revisar la carga administrativa de formalización, identificada como la barrera principal frente a operar ilegalmente, sin renunciar a garantías ambientales y de seguridad.
Minería artesanal (principalmente oro): la plantilla de Salinas de Guaranda —propiedad cooperativa o comunitaria, cooperación técnica externa para agregar valor— es la referencia a explorar antes que la formalización operador por operador.
Materiales no metálicos y pétreos: el registro de cumplimiento necesita una capa municipal, no solo nacional, dado que aquí la autoridad son los gobiernos locales.
Responsabilidad retenida, ejecución independiente
Diseño provisional
Quien causa el impacto conserva la responsabilidad y paga. Puede contratarse a una firma especializada para ejecutar la recuperación, pero el titular no queda liberado si esa firma falla. El ejecutor no puede certificar su propia obra ni haber participado en el diseño u operación que evalúa.
No se propone un intercambio bilateral A↔B. Dos empresas podrían pactar estándares bajos, responder con represalias o intercambiar sitios cuyos riesgos no son equivalentes. Una empresa par puede formular observaciones técnicas públicas, pero no aprobar el cumplimiento ni recibir una asignación recíproca.
La garantía se calcula al costo de sustitución por tercero. Los pagos se liberan por hitos verificados y una parte permanece retenida durante el poscierre. Restaurar fuera del sitio solo puede compensar impactos residuales después de reparar el daño local; no lo reemplaza.
Seguridad industrial como condición de legalización
Nueva propuesta candidata
Los derrumbes documentados en minas ilegales, sin ningún estándar de seguridad, deben convertirse en el argumento central para formalizar: la legalización no es solo fiscal, es la diferencia entre un accidente evitable y una fosa común. Requiere investigar el estado real del Reglamento de Seguridad Minera vigente.
05
Arquitectura institucional
Partir del sorteo de auditores que ya existe
Desde enero de 2026 ARCOM ya cuenta con reglas de asignación aleatoria e incompatibilidades para auditores técnicos mineros. Rimay propone comprobar su aplicación y extender un blindaje equivalente a la auditoría ambiental de cierre si hoy no existe:
publicar la trazabilidad de cada asignación y la declaración de conflictos;
impedir que diseñador, ejecutor y auditor sean la misma persona o grupo económico;
canalizar el pago sin permitir que el titular seleccione o presione al auditor;
mantener a la Contraloría y a las comunidades como capas adicionales de revisión, no como sustitutos de la auditoría; y
conservar en la autoridad ambiental la aprobación, inspección, sanción y decisión sobre la garantía.
Antecedente normativo verificado— alcance ambiental y aplicación efectiva pendientes de auditoría.
Tres funciones que no deben mezclarse
La arquitectura separa al titular responsable, al ejecutor especializado, al auditor y a la autoridad que decide. También separa tres cuentas: la garantía de cierre de cada concesión; el financiamiento del control y la auditoría; y la remediación de pasivos huérfanos. La garantía de una mina no puede convertirse en una bolsa para pagar el incumplimiento de otra.
Qué conserva el Estado
El Estado puede dejar la ejecución material a especialistas, pero no abandonar el control. Debe aprobar el plan, fijar y actualizar la garantía, ordenar inspecciones, determinar incumplimientos, sancionar y decidir si la garantía se libera, retiene o ejecuta.
Recomendación preliminar— no decidida.06
El rol de este proyecto
Este proyecto no ejerce presión mediante cabildeo ni protesta. Publica de forma verificable lo que el Estado no tiene —empezando por el registro de cumplimiento, que ya se puede construir con fuentes públicas antes de que exista una versión oficial— y hace visible cuánto tiempo lleva algo sin resolverse. Apoyar una versión de esta propuesta mide respaldo ciudadano a pedidos concretos y verificables, no a consignas.
Aporte específico solicitado. Este proyecto busca activamente a un ingeniero geotécnico independiente, un abogado constitucional y un especialista en pasivos ambientales mineros que quieran revisar esta propuesta. No se va a inventar una posición técnica para sonar completos — se deja como aporte solicitado explícito.
07
Financiamiento
Esta versión no afirma que la propuesta se autofinancia. Distingue tres fuentes que deben costearse por separado: la garantía de cierre aportada por cada titular y calculada al costo real de sustitución; el registro y la auditoría, cuyo mecanismo de cobro debe impedir captura; y los pasivos huérfanos, que requieren una fuente propia y no pueden cargarse a la garantía de otra concesión.
Pregunta abierta— requiere modelo fiscal antes de fijar cifras.08
Implementación gradual
Etapa 0 — Línea base
Reconciliar las cifras de minería ilegal; confirmar el destino del remanente de regalías; verificar el alcance material de ARCOM-001/26 sobre informes de cierre; identificar cómo se selecciona al consultor de auditoría ambiental; y documentar el estado real de las garantías.
Etapa 1 — Registro de cumplimiento piloto
Construir el registro para un número reducido de concesiones documentadas —Fruta del Norte, Mirador, Cascabel, San Carlos Panantza— con línea base, plan, costo, garantía, áreas intervenidas, obligaciones vencidas, auditor y resultados ambientales.
Etapa 2 — Verificación de independencia
Auditar una muestra de asignaciones bajo ARCOM-001/26: trazabilidad del sorteo, concentración de encargos, relaciones comerciales, incompatibilidades y publicación de resultados. Comparar ese mecanismo con el de auditoría ambiental de cierre.
Etapa 3 — Piloto de ejecución independiente
Diseñar, con revisión jurídica y técnica, un piloto en el que un ejecutor de restauración distinto del operador y del auditor trabaje con pagos por hitos. El titular conserva la responsabilidad y la autoridad controla la garantía.
Etapa 4 — Pasivos huérfanos y expansión
Solo con una fuente financiera separada, aplicar el modelo a un pasivo histórico o sitio ilegal sin responsable solvente. Después de evaluar el piloto, decidir ajustes institucionales y expansión nacional.
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Indicadores
Cumplimiento, remediación y seguridad — indicadores propuestos
Concesiones con expediente público completo; porcentaje del costo de cierre respaldado por garantía ejecutable; diferencia entre costo declarado y estimación independiente; días entre vencimiento, detección y sanción; auditorías sin conflicto declarado; estabilidad de relaveras, escombreras y taludes; calidad de agua frente a línea base y norma; recuperación del suelo y supervivencia de vegetación nativa a 12, 36 y 60 meses; garantías liberadas, retenidas o ejecutadas; y áreas que vuelven a degradarse después de ser declaradas recuperadas.
Nueva propuesta candidata— requiere línea base antes de fijar metas.
Criterio de revisión propuesto. Si un registro publica expedientes pero no permite verificar obligaciones vencidas, o si su auditor depende de quienes evalúa, el mecanismo debe revisarse. La expansión también requiere examinar si los incumplimientos detectados tienen seguimiento y si se protegen los derechos de las comunidades. Las metas numéricas, la línea base, el horizonte y el responsable de evaluación todavía deben definirse antes del piloto. Esta es una condición de diseño en discusión, no un resultado observado.
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Riesgos
Reconocidos abiertamente, no como letra pequeña:
presentar "minería responsable" como si ya no hubiera oposición legítima de base ambiental o indígena;
acusar a la oposición pública de estar financiada por minería ilegal sin evidencia;
confundir cifras de distintas metodologías (afectación económica, tamaño del mercado ilegal, exportaciones, puntos de minería ilegal);
proponer remediación sin financiamiento identificado;
permitir que recuperar otro territorio sustituya la remediación del daño local;
trasladar o diluir la responsabilidad del titular que causó el impacto;
crear intercambios bilaterales que faciliten colusión o represalias;
permitir que el ejecutor certifique su propio trabajo;
mezclar garantías de cierre, costo de auditoría y pasivos huérfanos en una sola bolsa;
repetir el litigio de Los Cedros en una nueva zona por no zonificar antes de conceder;
minimizar la dimensión de crimen organizado frente al enfoque puramente económico;
proponer al ministerio fusionado como auditor único de restitución;
tratar la resistencia territorial de comunidades como una sola categoría, cuando en realidad conviven al menos dos fenómenos distintos —crimen organizado defendiendo minería ilegal, y comunidades defendiendo territorio frente a proyectos legales— confundirlos desacredita a ambos análisis;
presentar el caso de Salinas de Guaranda como modelo replicable sin verificar directamente con la cooperativa sus cifras y condiciones actuales;
que un video o testimonio de violencia que llegue como aporte ciudadano se use sin verificar contra desinformación ya documentada en este mismo espacio.
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Objeciones que deben responderse
¿Por qué proponer un registro de cumplimiento en vez de una reforma legal si la norma ya existe?
¿Quién financia el registro público de cumplimiento y su mantenimiento?
¿La asignación aleatoria de ARCOM-001/26 cubre los informes de cierre relevantes y existe un blindaje equivalente para la auditoría ambiental?
¿Es aplicable el modelo cooperativo de Salinas de Guaranda a la escala y el perfil de riesgo de la minería aurífera ilegal actual, dado el nivel de violencia armada documentado?
¿Qué pasa con las comunidades que se oponen a la gran minería por motivos de derechos de la naturaleza, no de formalización — esta propuesta los convence o solo los reconoce?
¿Cómo se financia la remediación de pasivos heredados si su costo total todavía no está estimado?
¿Qué garantiza que el remanente de regalías, si se confirma sin destino específico, no termine absorbido por necesidades fiscales generales en vez de financiar esta propuesta?
¿Quién calcula el costo de sustitución por tercero y con qué frecuencia se actualiza la garantía?
¿Cómo se impide que titular, ejecutor y auditor formen relaciones recíprocas o dependencias económicas no declaradas?
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Participación solicitada
A comunidades y personas en zonas mineras
Se solicitarán hechos verificables, no denuncias sin sustento: fecha y ubicación de un incumplimiento observado, tipo de obligación no cumplida, si se reportó a alguna autoridad y qué respuesta recibió.
A especialistas
Ingeniería geotécnica, derecho constitucional, gestión de pasivos ambientales mineros, economía de cadenas de suministro de oro.
A organizaciones
Corrección factual y derecho de respuesta conforme al protocolo de colaboraciones de este proyecto — ver Iniciativas relacionadas para las organizaciones ya identificadas.
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Iniciativas relacionadas y antecedentes
Se reconoce a estas organizaciones porque su trabajo público es relevante para este territorio de política pública, sin que esto implique respaldo de su parte, ni contacto previo realizado.
Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) — informe Una crisis dorada (junio de 2025) sobre cadenas de suministro de oro ilegal. Alta coincidencia diagnóstica: la debilidad institucional, no la ausencia de norma, como causa de la captura criminal.
Mongabay Latam — cobertura periodística continua de minería ilegal y conflictos socioambientales en Ecuador, fuente principal de varios hallazgos de esta propuesta.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) — base de datos regional de conflictos mineros; fuente del caso de desalojo en San Carlos Panantza.
INREDH y Acción Ecológica — investigación de derechos humanos y ambientales sobre riesgos técnicos de proyectos mineros específicos; divergen de esta propuesta en su posición de fondo sobre la gran minería, declarado con claridad.
FORAGUA — fideicomiso mercantil de conservación de fuentes hídricas en Ecuador; precedente institucional directo para el diseño de fondo autónomo de esta propuesta, en un sector distinto (agua).
Grupo Salinas / El Salinerito — cooperativa surgida de la redistribución de las minas de sal de Salinas de Guaranda; candidato prioritario de contacto para verificar en detalle el caso citado en esta propuesta.
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Autores, revisores y conflictos de interés
Autoría: Proyecto Rimay Ecuador. Las responsabilidades técnicas y editoriales se identifican en la página del equipo. Esa atribución no equivale a validación experta del contenido; el estado de revisión se declara a continuación.
Revisores: ninguno todavía. La revisión experta (constitucional, geotécnica, de gestión de pasivos ambientales mineros) sigue pendiente y se declara así expresamente.
Conflictos de interés: según la declaración publicada por el equipo, ninguno declarado. Esta es una declaración de los participantes, no una verificación externa independiente. Ni el autor ni los colaboradores incorporados hasta la fecha tienen vínculo laboral o financiero con una empresa minera, una organización ambientalista con posición de campaña activa, ni un partido político.
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Fuentes
Esta propuesta se apoya en cuatro documentos de investigación con las fuentes completas, fecha de consulta y estado de verificación de cada afirmación. Aquí se listan las fuentes principales.
Lista completa de fuentes, con fecha de consulta y estado de verificación por cada afirmación: INVESTIGACION_MINERIA_ORO_PLATA_ECUADOR.md, INVESTIGACION_MINERIA_COBRE_ECUADOR.md, INVESTIGACION_MINERIA_NO_METALICA_Y_SAL_ECUADOR.md, INVESTIGACION_RESTAURACION_MINERA_INDEPENDIENTE.md y REGISTRO_INICIATIVAS_RELACIONADAS_MINERIA.md.
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Historial de versiones
v0.2 — 10 de septiembre de 2026
Se incorpora la separación entre responsable, ejecutor y verificador; se descarta el intercambio bilateral de obligaciones; se distinguen garantías, auditoría y pasivos huérfanos; y se reconoce ARCOM-001/26 como antecedente nacional de asignación aleatoria de auditores técnicos.
5 de septiembre de 2026 · Revisión de comunicación
Se añade una lectura breve con límites y enlaces al proceso, y un recorrido para seguir explorando y aportar. Se explicitan además condiciones cualitativas para revisar el diseño; siguen pendientes las metas, la línea base y el horizonte de evaluación. Esta revisión editorial no actualiza por sí sola la verificación de las fuentes ni demuestra resultados de la propuesta.
Versión inicial — 19 de agosto de 2026
v0.1 — 19 de agosto de 2026
Primera versión: registro público de cumplimiento como mecanismo central; fórmula diferenciada por recurso (oro/plata, cobre, no metálicos); quién audita como pregunta abierta prioritaria; caso de Salinas de Guaranda como plantilla; iniciativas relacionadas identificadas.
Aportar a esta propuesta
Un error factual, una fuente adicional, una objeción jurídica o financiera, una experiencia territorial, una alternativa — cualquier aporte estructurado queda registrado. No se pide diagnóstico, cédula ni datos clínicos.
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